Según esta investigación, 100.000 personas con movilidad reducida nunca salen de casa en España por la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen. En otras palabras, un 4% de los 2,5 millones de personas con alguna dificultad para desplazarse viven recluidos en sus casas. Un porcentaje que aumenta al 42 % entre aquellos que pasan muchos días sin salir a la calle. Entre los factores del aislamiento, la falta de ascensores en los edificios habitados con personas con movilidad reducida, un 18%.

 

Esta realidad se agrava con las dificultades que los encuestados declaran tener en el interior de sus viviendas, sobre todo, entre la población de más edad. El 33 % considera que si el inmueble en el que vive estuviera más adaptado a sus necesidades saldrían con más frecuencia de casa. Una accesibilidad inadecuada ha sido el motivo que ha llevado a un 22% de las personas a cambiar de domicilio.

 

Además, el estudio revela que un 60 % de los encuestados tiene problemas de movilidad sin ser usuarias de silla de ruedas porque utilizan algún tipo de sistema de apoyo, como muletas, bastón o andador o, simplemente, porque tienen una deambulación de forma inestable. Además, el 38 % utiliza silla de ruedas manual o eléctrica.

 

CERMI-La Rioja ha lamentado que esta situación conduzca a muchas personas al aislamiento y denuncia que la mayoría son barreras que se podrían eliminar con voluntad política y concienciación ciudadana.

 

En este sentido, el Comité autonómico ha recordado: “Sin olvidar la Ley de Propiedad Horizontal que, si bien ha sido modificada en varias ocasiones para avanzar en la accesibilidad en los edificios, continúa sin solventar la cuestión de fondo” y, explica, “actualmente, la Ley de Propiedad Horizontal plantea que tendrán carácter obligatorio, y que no requerirán de acuerdo previo de la Junta de Propietarios, la realización de obras y actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal cuando sean requeridas por los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, siempre y cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”.

 

“El objetivo es asegurar el uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido no suponga “una carga desproporcionada” para los convecinos”, ha explicado.

 

Asimismo, CERMI-La Rioja ha trasladado: “Las ayudas actuales para las comunidades vecinales son insuficientes para garantizar el derecho a la accesibilidad y a una vivienda digna. Solo el 10 % de las obras de adaptación realizadas provienen de ayudas de la Administración pública, el resto se sufraga con dinero de la comunidad o de los inquilinos”.

 

Desde la entidad quieren que la accesibilidad en todos los edificios de viviendas “sea factible”, haciendo hincapié en que “se lleven a cabo reformas integrales y la instalación de ascensores o rampas, en vez de optar por aquellas actuaciones que facilitan la movilidad, pero requieren más mantenimiento o la intervención de terceras personas como pueden ser un elevador o un salva escaleras”.  

 

Por otro lado, modificar la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar la actual limitación económica de 12 mensualidades de gastos de la comunidad y que sea obligatorio realizar las reformas de accesibilidad solicitadas por personas con discapacidad o personas mayores de 70 años.

 

De la misma forma, que las comunidades vecinales afrontan otras reformas ineludibles derivadas de las condiciones estructurales, la estanqueidad, la habitabilidad y la seguridad. Y que se establezcan ayudas concretas a todas las comunidades vecinales que deban afrontar este tipo de actuaciones, ante lo costoso que supone su implantación, y que estas ayudas estén más presentes en los inmuebles antiguos, puesto que, por cuestiones arquitectónicas, son los que necesitarán un mayor trabajo a la hora de llevar a cabo las reformas de accesibilidad necesarias. 

 

Además, el CERMI-La Rioja desea que no sea necesario que la denuncia la presente la propia persona y pueda hacerlo en su nombre cualquier otra persona o entidad, a fin de evitar que la gente opte por no denunciar por miedo a cómo reaccionará el propio vecindario.

 

“Las diferentes administraciones en el ámbito de sus competencias deben dar una respuesta satisfactoria a esta problemática y agilicen todos los trámites legales y administrativos necesarios para que los edificios sean accesibles supondrá un primer paso para que la población en general respete los derechos de las personas con discapacidad y colabore en su ejercicio efectivo”, ha manifestado la entidad.

 

CERMI-La Rioja ha puesto en valor todas estas cuestiones porque “es obligatorio que todos los bienes, productos, entornos y servicios deben ser accesibles desde el 4 de diciembre de 2017”. “Un edificio accesible es un edificio para todas las personas, porque para vivir con autonomía y plena participación social es imprescindible la libertad de movimientos y porque es una responsabilidad de todos que los edificios de viviendas de nuestro país sean accesibles para todas las personas”, ha valorado.

 

El último Censo de Viviendas indica que un 63 % de los edificios no son accesibles de la calle al portal porque tienen escaleras en ese punto y solo el 37 % restante cuenta con rampas y accesos destinados a personas con discapacidad o de movilidad reducida. Se registra, también, que el 28 % de los edificios tienen rampa, pero en algunos casos no es plenamente funcional; el 22 % de los edificios no tienen ascensor y los que sí cuentan con él, sólo en un 15 % de ellos está incorporado el anuncio sonoro y el anuncio en braille de los botones está en un 63 % de los casos, por lo tanto, sólo el 7 % de los ascensores son accesibles.

 

El censo refleja, además, que el 14 % de los edificios no posee portero automático y, de los que lo tienen, el 68 % no es accesible para una persona en silla de ruedas; el 64 % de los edificios no tienen buzones accesibles desde una silla de rueda y sólo se consideran accesibles el 54 % de las zonas comunes, ya que personas con necesidades especiales de accesibilidad no pueden disfrutar plenamente de áreas como la piscina o los jardines y sólo el 18 % de los garajes son accesibles.